Alfonso López Michelsen
CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Nueva propuesta sobre el 'acuerdo humanitario' (Agosto 14 de 2004)

Someto a consideración del Presidente la posibilidad de una asesoría de la Comisión de Encuesta para una negociación que ponga fin a una situación que conmueve a toda la ciudadanía colombiana.

Señor Presidente y amigo:

Fiel a mi propósito de abstenerme de participar en temas electorales y limitarme a cuestiones institucionales en mis columnas de EL TIEMPO, tales como los cultivos transgénicos, nuestro pleito con Nicaragua, el régimen parlamentario, el futuro del petróleo y el carbón, o la suerte de Cartagena, me permito, con todo respeto, someter a su consideración nuevos ángulos sobre el llamado "acuerdo humanitario".

Sea lo primero, expresado ya en varias ocasiones, el prescindir del nombre de "acuerdo humanitario", como una imposición de los partidarios del intercambio de retenidos. La palabra "acuerdo" tiene un alcance limitante, puesto que implica coincidencia de voluntades, y no es, necesariamente, la única vía por la que se puede llegar a resolver el problema de los cautivos.

El concepto de principio o propósito humanitario tiene un contenido amplísimo, que recoge, inspira, autoriza y legitima el DIH, plasmado en los Convenios de Ginebra. Estoy seguro de que los familiares, con quienes he tenido contacto en mi condición de "facilitador", acogerían con entusiasmo cualquier solución a voluntad del Gobierno, distinta del rescate a la fuerza, pero que se traduzca en el regreso de los secuestrados a sus hogares.

A este respecto, la presencia de la mayor autoridad mundial, el profesor Kalshoven, en la reunión celebrada en el Concejo Distrital, contribuyó grandemente a aclarar la naturaleza y el ámbito de los acuerdos especiales del DIH. Dicho profesor fue quien presidió por más de doce años la Comisión de Encuesta contemplada en los Convenios de Ginebra y tuvo la oportunidad de familiarizarse, como ninguno, con el Protocolo II. Ha participado, además, en la solución de conflictos domésticos, en donde pudo aplicar con buen éxito sus conocimientos.

Manifestó que es posible extender la competencia del artículo 90 del Protocolo I y de la Comisión de Encuesta, que solamente se aplicaba a los conflictos internacionales, hasta los propios conflictos internos. Algo de lo cual no hemos hecho uso hasta el presente y que se presta para dirimir cuestiones dudosas acerca del estatus de los diferentes retenidos y cuáles son las obligaciones de las partes.

La Comisión de Encuesta es, por así decirlo, un juez que no se limita a calificar conductas, sino que también divulga doctrina. Personal de la Cancillería, como el embajador Camilo Reyes y don Mauricio Acero, conocen a fondo la cuestión y, quizá, por discreción no han dado el paso de señalarle este camino inédito al Gobierno.

De esta suerte, el DIH deja de tener el carácter de un catálogo de principios morales subjetivos y comienza a convertirse en un verdadero derecho, con un carácter concreto y obligatorio. Vale decir que existen un procedimiento y una instancia en donde las partes en conflicto pueden someter sus posiciones buscando una asesoría de autoridad. El Gobierno tiene interés en el respaldo de un tribunal imparcial, que, por encima de consideraciones políticas, tendría autoridad para calificar el respeto a los Derechos Humanos de parte del Estado, y los alzados en armas demostrarían su sinceridad con respecto al DIH si se someten, igualmente, a su competencia.

Desacuerdos conceptuales que han impedido, hasta ahora, la iniciación de las conversaciones entre el Gobierno y los acusados de rebelión, quizá podrían ser subsanados por la Comisión de Encuesta y decididos a la luz de los principios humanitarios. Así, por ejemplo, la cuestión de las facultades del Gobierno para negociar el intercambio, o para buscar la devolución de rehenes, tendría el aval de este juez inapelable del DIH que es la Comisión de Encuesta.

Un paso constructivo en el camino de dicho intercambio sería precisar quiénes están dispuestos a acatar la autoridad de la Comisión en cuanto esta supera en competencia a la Cruz Roja Internacional, que se abstiene deliberadamente de participar en negociaciones de paz y se limita a complementarlas cuando estas ya han culminado, y reemplaza, con ventaja, a la ONU, en abstracto, que, también, es esquiva a intervenir en conflictos en donde no es claro el principio de legitimidad de las conductas. Conflictos como los que están al estudio de los tribunales internacionales tardan años en resolverse mediante fallos, tras unas pruebas controvertibles, mientras que el ceñirse a los conceptos de la Comisión de Encuesta sería la prueba reina de antemano del cumplimiento y respeto de los preceptos humanitarios por quienes se sometan a ella.

Con todo respeto, por su alta investidura e invocando la autoridad jurídica del profesor Kalshoven, me permito someter a su consideración la posibilidad de una asesoría de la Comisión de Encuesta, solicitándoles, simultáneamente, a los grupos que retienen secuestrados, que declaren si están dispuestos a atender las sugerencias de la Comisión de Encuesta para una negociación que ponga fin a una situación que conmueve a toda la ciudadanía colombiana, como lo demuestran los resultados de la consulta, de 13 preguntas, que conforman el bloque de comprensión y pronunciamiento a fondo sobre el tema: 75 por ciento a favor del acuerdo humanitario vs. 40 por ciento, de hace ocho meses; el 68 por ciento cree que un acuerdo humanitario favorece la imagen del Presidente, un 72 por ciento cree que contribuye a la paz, y un 70 por ciento, contra un 30 por ciento, considera más importante un acuerdo humanitario que la reelección.

Nada sería tan satisfactorio para el país como hacer posible una solución que parece tan remota a los ojos de los familiares de las víctimas del secuestro, sean ellos combatientes o civiles, o culpables de delitos políticos, que no han incurrido en crímenes atroces y, sin embargo, están purgando en las cárceles su participación en las filas de la guerrilla.

Soy del señor Presidente, con toda consideración y respeto,

Alfonso López Michelsen