En el quinto aniversario del plagio por parte de las Farc, sus familias permanecerán en silencio. Es una sentida protesta simbólica: La esperanza es que esta vez se escuchen las voces del gobierno y la guerrilla a favor del Acuerdo Humanitario.

Si existe algún grupo de presión cuyas acciones reciben siempre la atención de los medios y la opinión pública, es el que conforman los familiares de los secuestrados políticos en Colombia. Prueba de su poder de convicción es la evolución que han tenido, en los últimos años, las posturas del gobierno y las Farc en el tema del acuerdo humanitario, otrora muy lejanas.

Los familiares organizan desde misas, encuentros y foros hasta debates y marchas en busca de que sus seres queridos recuperen la libertad lo más pronto posible. Incluso hace un mes, cinco comisionados de derechos humanos de la OEA, escucharon el clamor de varios familiares que fueron hasta Washington pidiendo a este organismo internacional, apoyar su causa para que se adelante el acuerdo humanitario y se evite un rescate militar. Este es el primer paso en la búsqueda de solidaridad más allá de las fronteras colombianas.

En medio de ese grupo que presiona y mantiene vigente el tema, están los familiares de los 12 diputados del Valle, quienes hoy cumplen cinco años en poder de las Farc.

Pese a que la fecha es una oportunidad dorada para poner de nuevo en el primer plano noticioso el drama que atraviesan, esta vez van a permanecer en silencio. Una decisión que no fue fácil de tomar. Hace 15 días cuando se reunieron para ver qué hacían este 11 de abril, las posiciones eran encontradas.

Sus opciones oscilaban entre formar parte del homenaje que les rendirá la asamblea departamental, oficiar una misa privada o guardar un silencio simbólico. “Optamos por esta última no porque pensemos que ya hicimos lo suficiente o porque estemos cansados, creemos que luego de cinco años ya es hora de que las partes, gobierno y guerrilla, se pronuncien de fondo sobre el acuerdo humanitario”, aseguró Fabiola Perdomo, le esposa del diputado Juan Carlos Narváez, quien ha sido la vocera oficial de las familias desde el día del secuestro.

¿La vida continúa?

Al cumplirse media década desde que las Farc secuestraron a los 12 diputados del Valle, la situación para sus familias es cada vez más dura. Muchas cosas ya no son como antes: Apareció el Ipod, que revolucionó la relación del mundo con la música y fue aprobada la reelección presidencial en Colombia, que cambió para siempre la política en el país. Por poner un par de ejemplos.

Pero es en el interior de las familias donde más fuerte se sienten las transformaciones. Los chicos que estaban en le colegio ahora comienzan la etapa universitaria, otros se han casado, algunos diputados tienen primos, sobrinos y hasta nietos que aun no conocen, y también habrá personas a las que jamás volverán a ver porque murieron en su ausencia. Todo esto sin que ellos se den por enterados.

Madres, padres, esposas, hijos y demás familiares luchan contra la ausencia de sus seres queridos, lo que en algunos casos ha significado un cambio radical en sus vidas. En lo económico porque se han visto obligados a buscar el sustento diario y en lo político porque debieron asumir el liderazgo del familiar ausente o la entrega de las banderas de sus movimientos a otros líderes. Pero hay una constante y es que todos han seguido adelante, tomando decisiones a tientas, sin saber si estas serán compartidas por sus familiares cuando vuelvan del cautiverio.

Vía crucis jurídico

Capitulo aparte merece la ardua batalla ante jueces y cortes para que el Estado les reconozca algún apoyo a los familiares de los diputados, y en general, a los de todos los secuestrados políticos del país. En el caso de los asambleístas del Valle, sus familias recibieron el salario hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando terminó el período para el que fueron escogidos.

Las familias donde el diputado era el único que trabajaba quedaron desamparadas a partir de ese momento. En su desespero pusieron una tutela por el derecho al trabajo de los ex diputados secuestrados, confiados en que si estuvieran libres ellos podían haber sido reelegidos o hubieran buscado otro trabajo, derecho fundamental que según ellos, al estar secuestrados, no se les respeta.

La Corte Constitucional reconoció que se les pagaran sus salarios hasta que se declare la muerte presunta (Lo que sucede si pasan dos años sin recibir pruebas de supervivencia) o cuando estos recuperen su libertad. La sentencia T785 de 2003 se basa en el concepto de que existe un vínculo indivisible entre las causas del secuestro y el desempeño laboral de los plagiados.

A pesar de existir esta resolución judicial los familiares no recibieron ni un peso hasta julio de 2006. Los problemas que debieron resolver dan cuenta de la falta de solidaridad del Estado en cada una de sus ramas, algo que la mayoría de los colombianos desconoce.

Luego de ganar la tutela Faisuri Perdomo, abogada que representa a las familias de los diputados, acudió a la Asamblea, pero como la personería jurídica de estas entidades la ostentan los gobernadores de cada departamento, debieron tocar la puerta de Angelino Garzón. Este no quiso pagar, según dijo a SEMANA, porque seguía el consejo de su oficina jurídica que le informó que como no existía, en su momento, una ley que sustentara la resolución judicial, podía cometer una irregularidad. Ante la negativa los familiares lo demandaron por fraude a resolución judicial, proceso que está en curso.

Lo paradójico del asunto es que en otras regiones del país, hicieron los pagos a otros secuestrados políticos, amparándose en el fallo de tutela de la Corte Constitucional con respecto a los diputados del Valle.

A la par de esta disputa y a través de País Libre, la abogada Perdomo presentó un proyecto de ley ante el Congreso, “para evitar todo ese engorroso trámite y que exista una ley que favorezca a todos los secuestrados políticos en el territorio nacional”.

En agosto de 2005 es aprobada la Ley 986 que ampara estas situaciones y por fin el gobernador Garzón accede a pagarles. Sin embargo, en una medida bastante polémica, traslada los recursos a la asamblea y allí se vuelve a dilatar el asunto, pues debían surtirse los tres debates para sacar adelante la ordenanza con el pago para los diputados secuestrados. Sólo hasta el 21 de julio de 2006, casi tres años después de recibir el último pago, los familiares recibieron de nuevo el salario.

Identidad perdida

Otra difícil situación que han debido afrontar los familiares de los diputados, y de los demás secuestrados políticos o desaparecidos en Colombia, tiene que ver con la calificación que se hace del delito del que son víctimas sus seres queridos.

Sin saber las dificultades que les traerían a los familiares de los diputados, el fiscal 38 Especializado en Derechos Humanos de Cali, Juan Carlos Oliveros, determinó que el delito a investigar, a raíz del secuestro de las Farc, sería la toma de rehenes.

Pero cuando los familiares quisieron acceder a los beneficios que existen para secuestrados en Colombia, supieron que el camino era cuesta arriba. Entre las facilidades que ofrece el Estado se encuentran congelar el pago de impuestos, la no suspensión de la educación para sus hijos, evitar que les desconecten los servicios públicos domiciliarios y otras ayudas para salud del núcleo familiar, todas estas prebendas las maneja Fondelibertad, entidad adscrita al Ministerio de la Defensa.

Allí quien quiera ser beneficiario debe inscribirse en el Registro Único, para hacerlo hay que presentar un certificado de la Fiscalía en el que conste que su familiar es víctima de un secuestro político. En el caso de los diputados, pese a que el fiscal Oliveros ha certificado que para efectos jurídicos el delito se llama toma de rehenes pero que tiene las mismas características del secuestro político, Fondelibertad no ha querido ceder y los familiares de los diputados no cuentan, después de cinco años de cautiverio, con los beneficios del Estado, a pesar que la Constitución del 91 consagra que la realidad debe primar sobre los formalismos.

En la actualidad han demandado ante la Corte Constitucional pidiendo que se declare la exequibilidad condicionada de la Ley 986, o sea que esta sea valida, siempre y cuando, respete el derecho a la igualdad de los secuestrados políticos, los rehenes y los desaparecidos por el conflicto, quienes en concepto de la abogada Perdomo, deben ser tratados igual. La Procuraduría General emitió hace poco un concepto favorable, que respalda esta petición. Pero aun falta el pronunciamiento final de la Corte Constitucional.

El senador de la Alianza Social Indígena, Jesús Piñacué, radicó un proyecto de ley para que los familiares de secuestrados, rehenes y desaparecidos no tengan que seguir mendigando la ayuda del Estado. Gustavo Petro será el defensor de esta iniciativa, ya presentó la ponencia favorable en la comisión primera, pero todavía está pendiente el debate de fondo.

El tropiezo

El gobierno, por su lado radicó otro proyecto para reconocer las prestaciones a los diputados de todo el país, algo que extrañamente no está reglamentado. Hace un mes el senador Miguel Pinedo, explicó en la plenaria del Congreso el alcance de la propuesta, ese día Piñacué pidió que se incluyera a los secuestrados políticos, rehenes y desaparecidos por el conflicto. Pinedo rechazó su petición aduciendo que le hacía el juego a los intereses de la guerrilla.

Dilian Francisca Toro, presidenta del Senado, aun siendo vallecaucana y teniendo dos diputados de su movimiento secuestrados por las Farc, no quiso poner a consideración la propuesta de Piñacué en la plenaria, desconociendo los reglamentos del Congreso, algo por lo que será denunciada. Ningún partido político respaldó la propuesta de Piñacué aunque este la leyó en la plenaria, en una clara muestra de falta de solidaridad con un tema sensible para la realidad nacional.

“La desgracia sólo entristece cuando le toca a uno”, es lo que dicen los familiares de los diputados del Valle. Ellos conservan la esperanza de que, más pronto que tarde, sus seres queridos regresen de la selva. Aunque las señales sobre el acuerdo humanitario entre el gobierno y las Farc, fórmula que ven más próxima para que recuperen la libertad, no siempre son las que quisieran, han aguantado con valor el paso del tiempo, por eso hoy, después de cinco años de lucha por lograr que las partes se conduelan de su situación, van a permanecer en silencio, preguntándose qué más deben hacer.

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