Las terribles y conmovedoras imágenes difundidas por el periódico El Tiempo sobre los restos de personas desaparecidas como resultado de la actuación de los grupos paramilitares, me produjeron horror y vergüenza, y me hicieron pensar que, aún en democracia, nosotros hemos tenido nuestra propia dictadura, nuestro propio holocausto.

En Argentina se habla de cerca de diez mil desaparecidos durante la dictadura, teniendo en cuenta las denuncias judiciales de familiares, aunque organizaciones no gubernamentales, como la Conadep, hablan de treinta mil casos, muchos de los cuales no han sido encontrados sus restos. En Chile se habla de cifras que oscilan entre tres mil y diez mil desaparecidos, lo que produjo en ambos casos un movimiento de repudio nacional e internacional que sentenció el final de esos regímenes autoritarios.

En Colombia, la democracia más estable de América, será difícil determinar con precisión los muertos y desaparecidos en la barbarie que ha sido este conflicto, pero que la Fiscalía General estime una cifra cercana a las diez mil personas, nos pone en la misma dimensión de horror y de crueldad que cualquier dictadura, con la diferencia de que aquí nadie responde ni política ni judicialmente, porque esto es una democracia, maestro.

Es muy importante que en este proceso de catarsis en el que se ha metido el país a regañadientes, se conozca toda la verdad, todo el horror. En estos tiempos no es viable amnistías generalizadas, como las que silenciaron las responsabilidades de la violencia política del siglo pasado. Por haber tenido miedo a haber enfrentado la verdad entonces, fue que, entre otras razones, esa página nefasta de nuestra historia se repite ahora con otros actores, con otras motivaciones pero con similares signos de deshumanización.

El develamiento del terror paramilitar que se está conociendo es importante para dejar como lección hacia el futuro que el fuego no se apaga con fuego, que el fin –enfrentar a una cruel guerrilla– no justifica los medios. La forma como se está aplicando la Ley de Justicia y Paz está produciendo la reconstrucción de una verdad a medias, calculada estratégicamente por los jefes paramilitares para implicar a personas muertas y no asumir la responsabilidad de sus actos. Corresponde a la Fiscalía –ya que hay toda una operación para eludir la actuación de la Corte Suprema de Justicia– reconstruir la verdad, e incluso no debemos cerrar la puerta a una Comisión no judicial donde se documente todo este horror, de lado y lado, porque ese juicio también hay que hacerlo respecto de los crímenes de las guerrillas, quienes no se quedan atrás en su aporte al terror. Las imágenes de los sitios de cautiverio en los que se encuentran cientos de secuestrados, son lo más parecido a un campo de concentración nazi.

Es deber de los ciudadanos que no nos identificamos con ninguna de las partes del conflicto, exigir que estos hechos se conozcan, se difundan y en la medida de lo posible se identifique a sus responsables. Tenemos el deber de decirles a nuestros hijos que esos niveles de barbarie son una anomalía que no podemos reproducir, que otra forma de vida es posible.

Para ir empezando con el rechazo social de este tipo de conductas atroces, bien valdría la pena un pronunciamiento de absoluta condena por parte de los poderes públicos, encabezados por el propio Presidente de la República. Sus vehementes condenas de las atrocidades cometidas por la guerrilla en contra de la población civil y los miembros de la Fuerza Pública, contrasta con la indiferencia y el silencio que lo caracterizan cuando de condenar hechos atribuidos a los paramilitares se trata, generando las suspicacias que ya todos conocemos, y enviando mensajes equívocos a la sociedad sobre que hay crímenes buenos y crímenes malos, criminales justos y criminales injustos.

jicuervo@cable.net.co