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Los familiares de los ahora ex diputados regionales conmemoraron el plagio masivo con una “jornada de silencio”, en la que pidieron al gobierno y a la guerrilla pronunciarse sobre la liberación de sus familiares.

Cinco años después de que guerrilleros disfrazados de militares incursionaron en una asamblea regional en pleno centro de Cali para secuestrar a 12 diputados, sus familiares aún esperan un acuerdo humanitario entre el gobierno y las FARC que permitiría la liberación de sus seres queridos.
El miércoles, los familiares de los ahora ex diputados regionales conmemoraron el plagio masivo con una “jornada de silencio”, en la que pidieron al gobierno y a la guerrilla pronunciarse sobre la liberación de sus familiares.
No significa que “estemos cansados, sino que queremos que se escuche la voz del gobierno y a las FARC sobre el canje humanitario”, dijo a la AP Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado secuestrado Juan Carlos Narváez.
Ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni el gobierno del presidente Álvaro Uribe se han pronunciado oficialmente sobre el intercambio humanitario de forma reciente.
El plagio ocurrió el 11 de abril del 2002 cuando un comando de guerrilleros se hizo pasar por una unidad del ejército en la Asamblea del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, a 300 kilómetros al suroeste de la capital, para engañar a los diputados y llevárselos bajo pretexto de que había una bomba en el lugar.
Un policía que se percató de lo que sucedía fue degollado dentro de la Asamblea y un camarógrafo de un canal local murió cuando se adentró en las montañas tratando de perseguir el bus que llevaba a los políticos, en medio de los bombardeos de la fuerza pública.
“Han pasado cinco años y (las partes) no han avanzado” hacia su liberación, lamentó Perdomo que junto a otros familiares recorrieron los corredores de la Asamblea con las bocas tapadas con pañuelos en señal de protesta.
Actualmente, varias madres de los secuestrados están enfermas de cáncer, hay padres que fallecieron sin que sus hijos lo sepan en el cautiverio y esposas e hijos siguen recibiendo atención psicológica, relató la esposa del ex diputado.
Perdomo insistió en que “es hora de que el gobierno y las FARC flexibilicen su posición” sobre un acuerdo humanitario que supondría la liberación de unos 60 secuestrados, incluyendo los ex diputados, a cambio de la excarcelación de unos 500 guerrilleros.
Las FARC y el gobierno discrepan sobre el escenario para negociar el canje. Mientras la guerrilla pide una zona de desmilitarizada de 800 kilómetros cuadrados en el suroeste del país, Uribe advierte que no cederá terreno a los rebeldes izquierdistas que prometió doblegar.
Delegados de Francia, España y Suiza intentan acercamientos con las FARC para gestionar el canje humanitario y esta semana el presidente reiteró que esos países avanzan en esas gestiones, sin suministrar detalles.
El gobierno de Uribe baraja realizar rescates por la fuerza después de que el actual canciller Fernando Araújo escapó de seis años de cautiverio en poder de las FARC, durante una operación militar en diciembre pasado.
Varios familiares temen que esas operaciones hagan peligrar la vida de los rehenes.