Hace dos años, Bellanira Areiza (17 años) y otros siete campesinos fueron asesinados a machetazos en las colinas que bordean una pintoresca aldea del noroeste de Colombia.

Los jefes de esta Comunidad, “La Unión”, afirman que vieron a cinco hombres en uniforme del ejército colombiano que llevaban a las víctimas, y otros nueve jefes escucharon más tarde a los soldados jactarse de las masacres. Pero hasta ahora, las investigaciones sobre esta matanza, llevadas a cabo por el gobierno colombiano no han dado ningún resultado.

El fiscal general Mario Iguarán anunció en el mes de febrero que 69 hombres de la XVII brigada del ejército eran interrogados por esta masacre, la cual sigue indignando a la comunidad internacional y que podría comprometer la ayuda de los Estados Unidos a Colombia.

Algunos observadores han saludado esta noticia, y la han considerado como una posibilidad de acabar con la cuasi impunidad de que gozan en Colombia las fuerzas de seguridad que han cometido asesinatos y otros crímenes durante el conflicto civil, conflicto que dura desde hace décadas ….

“ Siempre hemos tenido la esperanza de que un día la Justicia se aplicaría por todos los crímenes de los que hemos sido víctimas”, declaró Renato Aleiza, de 28 años, hermano de Bellanira y uno de los dirigentes de la comunidad de “La Unión”. “Pero tenemos miedo de que todo esto termine, como de costumbre, en la impunidad”.

La investigación es complicada por el hecho de que los testigos se esconden y rehúsan cooperar. “Por lo menos cuatro habitantes de la comuna que habían dado informaciones a los investigadores sobre otras atrocidades fueron asesinados”, nos explica Areiza.

Iguarán sabe de la desconfianza de la comunidad pero está decidido a seguir adelante. “No puedo hablar por todo el país, pero al menos por el despacho del Fiscal General, es un signo por el cual tratamos de demostrar que queremos claridad y determinación en el combate contra la impunidad”, declaró.

Esta investigación cae en el momento en que el presidente colombiano Álvaro Uribe sufre la crisis política más grave desde que comenzó su mandato en el 2002

Durante mucho tiempo, los críticos han acusado a las fuerzas de seguridad de la nación y a los aliados políticos de Uribe de colusión con las “autodefensas de Colombia (AUC)”, una coalición de milicias paramilitares de extrema derecha que en su guerra contra los rebeldes marxistas son responsables de muchas matanzas de civiles. Durante años, la élite política y militar de Colombia ha negado sus vínculos con las AUC, la cual pretende haber desmovilizado 31.000 hombres dentro del marco de un controvertido pacto de paz con el gobierno.

Pero en estos últimos meses, 8 legisladores y un gobernador de departamento han sido detenidos, acusados de haber falseado las elecciones, de haber organizado los asesinatos de opositores y de estar implicados en otras actividades ilegales con las AUC, en un escándalo que sacude hoy día a Colombia.

Uribe no ha sido acusado personalmente de actividades ilegales. Pero las investigaciones han alcanzado los consejeros más cercanos al presidente incluso el antiguo responsable nacional de los servicios secretos, y según analistas, esto ha erosionado su autoridad. “Es la punta del iceberg”, declaró Gustavo Petro, un senador del partido opositor “Polo Democrático”.

Miesntras Uribe promete perseguir a cualquier político u oficial militar que tenga lazos con las AUC, la mayor parte de las investigaciones están en manos del fiscal general y de la Corte Suprema – Organismos independientes del ejecutivo.

El ministro colombiano de defensa Juan Manuel Santos ha prometido cooperar con los investigadores que deben interrogar unos cien soldados y oficiales – activos o jubilados- sobre los atentados a los derechos humanos y otros crímenes, incluída la masacre de “La Unión”.

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La víctimas de la masacre de La Unión eran miembros de una comunidad que quiere ser una “comunidad de paz”, y que trata de alejar de su territorio cualquier grupo armado, incluso las tropas gubernamentales.

Los 1.300 miembros de ese grupo, fundado en 1997 en el municipio de San José de Apartadó, el cual comprende varios pueblos y entre ellos la Unión, deben cortar todo vínculo con los miembros de sus familias que se hubieran incorporado con las fuerzas paramilitares o la guerrilla.

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Pero la neutralidad profesada por la comunidad sigue atrayendo los ataques.

En el 2000, las bandas armadas paramilitares asesinaron a seis residentes de La Unión, igualmente al cuñado de Montoya y a uno de sus primos, mientras que los helicópteros militares sobrevolaban la escena, según algunos residentes y expertos en materia de derechos humanos.

Ha habido 178 miembros de la Comunidad de paz que han sido matados desde 1997, la mayor parte por pelotones paramilitares de los escuadrones de la muerte y por las fuerzas colombianas de seguridad, afirman los jefes de la comunidad. Veinticuatro asesinatos son atribuidos a las FARC.

Los expertos en derechos humanos dicen que no conocen ninguna condenación por alguno de estos casos.

Pero Renata Rendón, una de las responsables de Amnistía Internacional de los Estados Unidos, indica que las pesquisas del fiscal general sobre la masacre del 2005 “es positiva y valerosa”.

En las semanas que siguieron al ataque, funcionarios del gobierno habían rechazado la posibilidad de que las fuerzas de seguridad pudieran estar implicadas y intentaban echar la responsabilidad sobre las FARC. Uribe ordenó a la policía que se instalara y quedara en San José de Apartadó.

Miembros de la Comunidad de paz tuvieron que huir de la ciudad por que estimaban que la presencia de la policía amenazaba su neutralidad. Los se instalaron a 15 minutos de camino a lo largo de una carretera rural, en un campo herboso vecino de un ancho lecho de río.

Conocida como San Josesito, esta comunidad es un conjunto de casas de tablas, hechas de una manera ordenada, con una escuela de ladrillos y otras construcciones. Es un lugar tranquilo en el que las mujeres lavan la ropa a la mano, los niños se lavan fuera con baldes de agua, y en donde los pollos, pavos y cerdos vagan libremente.

Pero esta tranquilidad aparente es engañosa. Bajo un roble situado en el centro de la comunidad, varias docenas de piedras pintadas llevan los nombres de los residentes masacrados.

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En una entrevista, el ministro Santos afirmó que algunos defensores de la paz tenían vínculos con las FARC. Esta afirmación irrita a los jefes de la comunidad porque creen que envalentona a los paramilitares y les da luz verde para atacarlos.

« Nuestra neutralidad está exhibida de manera transparente, « declaró Jesús Emilio Tuberquia, 41 años, miembro del consejo de gestión de la comunidad de paz. “Pero en la cabeza de ellos cada campesino es un guerrillero”.

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