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En Colombia operan, desde 2003, 800 militares norteamericanos en 'misión oficial' y 600 contratistas civiles. Expertos descartan la posibilidad de revisar los acuerdos bilaterales suscritos con Estados Unidos.
Redacción de El Pais. Bogotá
Detrás de la captura en flagrancia de los cinco soldados norteamericanos que transportaban 16 kilos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, se esconde toda una historia de negociaciones políticas y diplomáticas -presiones, al decir de algunos-, que implican razones de conveniencia nacional para ambas naciones.
A comienzos de la décadas de los sesentas, en plena 'Guerra Fría', el Pentágono puso sus ojos en Latinoamérica como estrategia de extensión de su poderío militar y control político y económico en una región que, desde entonces, comenzaba a ser consideraba por 'despensa' de la humanidad.
Se trataba de reaccionar frente al triunfo de la revolución cubana de 1959. La idea era ofrecerles a los países del sur un modelo alternativo de apoyo económico.
Las necesidades colombianas de recibir ayuda social y económica norteamericana llevó a los dos países a suscribir el 'Convenio General para la Ayuda Técnica, Económica y Afín' que formó parte de la llamada 'Alianza para el Progreso'.
El convenio fue suscrito el 23 de julio de 1962, y en él se establecieron "privilegios e inmunidades" para los ciudadanos norteamericanos enviados en "misión oficial" incluidos militares y contratistas civiles.
La inclusión de esta cláusula de inmunidad se explica en virtud de normas contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita un año antes, que establece en su artículo 36:
"La persona del agente diplomático gozará de inviolabilidad y no podrá ser objeto de detención ni arresto".
Agrega que "gozará de inmunidad de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado receptor y de la civil y administrativa.
Bajo ese marco jurídico han funcionado las distintas 'misiones oficiales' enviadas por la Casa Blanca a Colombia.
"Estados Unidos a través de su Embajada informa al gobierno colombiano cuántos ciudadanos, quiénes y a qué vienen al país. No se trata de pedir un permiso o recibir una credencial: simplemente la Embajada notifica que esas personas tienen inmunidad diplomática", explica el senador Jimmy Chamorro.
Cuando un agente diplomático tiene inmunidad, tiene que ser juzgado en su país de origen, así el delito se cometa en el país receptor.
El Tratado del 62 fue ratificado en 1974 como parte de los convenios binacionales, pero su esencia no fue modificada.
Más aún, fue la base que permitió el diseño de Plan Colombia.
Hasta octubre de 2001, en Colombia permanecían unos 400 militares y 400 asesores civiles norteamericanos.
Pero tras los atentados terroristas del 11 de septiembre contra New York y Washington, el Congreso norteamericano autorizó ampliar esas cuotas en 2003 a 800 y 600 respectivamente.
La decisión se dio bajo el nuevo concepto de lucha global contra el terrorismo y coincidió con el inicio, hace un año, del llamado 'Plan Patriota' que busca desarticular al Secretariado de las Farc.
Así, en Colombia operan actualmente 1.400 norteamericanos en 'misión oficial, todos con los mismos privilegios diplomáticos.
"Cuando un agente diplomático tiene inmunidad y comete un delito, si es detenido por las autoridades del país receptor tiene que ser liberado. Distinto es que se informe -como al parecer sucedió en el caso de los 'narcosoldados gringos- a sus propias autoridades para que sean juzgados en su país así el delito se haya cometido en otra nación", recalca Chamorro.
CPI, la otra inmunidad. Hace apenas dos años el gobierno colombiano suscribió otro acuerdo bilateral con los EE.UU. Cuando nuestro país adhirió a la Corte Penal Internacional,
presionados por los Estados Unidos que amenazó con suspender la ayuda económica a las naciones que no lo hicieran, el Gobierno Uribe firmó el 17 de septiembre de 2003 el 'Acuerdo respecto a la entrega de personas de los Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional'.
Este nuevo Tratado se fundamentó en el convenio del 62, en la naturaleza subsidiaria de la jurisdicción de la CPI, y especialmente en el artículo 98 del Estatuto de Roma que permite este tipo de convenios bilaterales, y que en el caso colombiano no implicaba control del Congreso ni revisión de la Corte Constitucional.
Al igual que Colombia, otros 82 países firmaron este tipo de acuerdos, pues el principal argumento de Estados Unidos fue que "nuestras Fuerzas Armadas se encuentran en casi 100 naciones de todo el mundo. Debemos asegurarnos que nuestros soldados y funcionarios públicos no están expuestos a la posibilidad de ser sometidos a enjuiciamientos e investigaciones con motivación política".
Expertos en Derecho Internacional explican que la diferencia entre el tratado de 2003 y los anteriores es que estos se aplican básicamente para personal autorizado por la Embajada norteamericana en Bogotá, y aquel para "cualquier estadounidense".
Carlos Gaviria, ex presidente de la Corte Constitucional dice que este tipo de arreglos "muestra la manera asimétrica como se manejan las relaciones internacionales de Colombia desde hace varios gobiernos".
Es por ello que los expertos mantienen opiniones encontradas sobre la viabilidad de pedir en extradición a los cinco 'narcosoldados' norteamericanos implicados en tráfico de estupefacientes.
Según Jairo Clopatofsky, de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, la petición puede hacerse con base en la legislación interna (Código de Procedimiento Penal), la misma que Colombia usa para autorizar extradiciones.
"El artículo 35 de nuestra Constitución dice que la extradición se puede solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con tratados públicos o en su defecto con la ley vigente", explica.
Pero otros expertos como Chamorro y el ex canciller Luis Fernando Jaramillo, sostienen lo contrario.
"En estricto derecho internacional, si existe un tratado bilateral como estos, ni Estados Unidos ni ningún otro país está obligado a extraditar a sus ciudadanos", dice el congresista valluno, mientras el ex ministro concluye que "las relaciones con el imperio no son fáciles para nadie. Mientras (Estados Unidos) sigan siendo imperio, van a seguir haciendo lo que les dé la gana".