Balance del proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
16/06/2009

“…carece de lógica hablar de “proceso de paz” entre gobierno y paramilitares, pues nunca ha habido guerra entre esas dos fuerzas.”

La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha sostenido y reiterado en innumerables ocasiones que la creación, auspicio y consolidación de los grupos paramilitares es responsabilidad del Estado colombiano. No solo se ha sostenido dicha afirmación con base en la legislación favorable a las estructuras paramilitares y en la historia de Colombia sino en pronunciamientos nacionales e internacionales que corroboran lo anteriormente dicho.

A pesar de las sentencias internacionales que demuestran que el paramilitarismo es responsabilidad estatal, y de las numerosas recomendaciones que distintos organismos internacionales le han hecho a Colombia para que desmonte las estructuras paramilitares el Estado colombiano ha hecho caso omiso de ellas y por el contrario, ha hecho todo lo posible para que estas estructuras sean institucionalizadas y consoliden su poder territorial, económico y político en Colombia.

De tal forma, este “proceso de paz” como se le ha querido llamar desde el establecimiento no pude ser catalogado como tal. “Toda negociación política exige como requisito básico la existencia de dos posiciones antagónicas o al menos diferenciables”, pero lo cierto es que los paramilitares no solamente actúan bajo el auspicio de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, sino que en ningún momento son una fuerza que pretenda cambiar al Estado en su esencia (mucho menos abolirlo), perturbar su funcionamiento permanente o transitoriamente y no existen diferencias entre los principios ideológicos que se pregonan desde el establecimiento acerca del Estado y los que defienden los grupos paramilitares.

Al no haber posiciones encontradas ente el Estado y los paramilitares no puede haber un conflicto ente estas dos fuerzas, hay por lo tanto una connivencia de la una con la otra y

hablar de “acuerdos de paz” resulta por lo tanto fuera de toda lógica. A pesar de existir enfrentamientos armados, y operaciones militares en contra de los grupos paramilitares por parte de las fuerzas militares, en numerosas ocasiones dichos acontecimientos no son más que el producto de la planeación conjunta entre ellos para generar golpes de opinión. El padre Javier Giraldo en su texto citado anteriormente, se sostiene que en Colombia “no se persigue a la dirigencia paramilitar; tampoco a los paramilitares que la población denuncia; en muchos casos los “dados de baja” no son paramilitares sino campesinos o pobladores cuyos cadáveres se hacen aparecer como de “paramilitares”; en muchos casos se ha comprobado que se dan acuerdos entre oficiales de las fuerzas armadas del Estado y comandantes paramilitares para “dar de baja” a paramilitares de bajo rango que se han vuelto insubordinados o problemáticos, haciéndolos aparecer como blancos de una persecución oficial.”

Sea cierto o no, lo que en efecto resulta claro es que la desmovilización tal y como estáplanteada ofrece a los paramilitares gozar de una impunidad que cobija todos y cada uno de los delitos (sean amnistiables o no) por los cuales vienen siendo investigados, juzgados o por los cuales ya han sido condenados en virtud del marco legal que sirve para sustentar jurídicamente este proceso. No siendo suficiente lo anterior, el Estado colombiano les ofrece a todas las personas desmovilizadas beneficios económicos y en el caso de cumplimiento de penas, por aplicación de la Ley de Justicia y Paz, éstas serán tan leves que se constituyen como amnistías o indultos de facto.

Los beneficios que encuentra el Estado en las actuaciones de los grupos paramilitares son evidentes. Conformar grupos de este tipo en aras de una supuesta lucha contrainsurgente no hace necesario respetar las mínimas normas sobre derecho internacional de derechos humanos y desvía la responsabilidad de tales actos sobre grupos ilegales que se supone no tienen absolutamente nada que ver con el Estado ni con las clases dominantes. Se crea la idea que supuestamente surgen como respuesta espontánea de la sociedad civil en contra de los abusos de la subversión y son la manera mas fácil de exterminar a la oposición legal y democrática (bajo el señalamiento de que tales sectores son la base social de la guerrilla) y consolidar su control sobre grandes extensiones del territorio nacional.

Por lo tanto este proceso de desmovilización resulta siendo un proceso de autoperdón. El Estado colombiano nunca tendrá que perdonar a los paramilitares puesto que fueron creación suya y se benefició de su accionar criminal, eso hace que tanto los paramilitares como el Estado sean los victimarios de la sociedad colombiana.

Las normas que sirven de marco jurídico no garantizan la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, por el contrario son generadoras de impunidad que favorecen a los paramilitares y al Estado. Es un proceso de diálogo entre victimarios en el cual se mantiene al margen a las víctimas, las cuales son en últimas quienes deben decidir la forma y el momento en que debe surtirse un proceso que busca la reconciliación nacional.