Desplazamiento 2006 – 2008: un reflejo de la crisis humanitaria
El desplazamiento forzado es un hecho asociado principalmente al conflicto armado que azota a Colombia, es también una expresión de la crisis humanitaria que vive nuestro país aunque no es un fenómeno reciente. En los últimos años se han agudizado las condiciones armadas que han favorecido el aumento del desplazamiento, sin embargo no está exclusivamente relacionado con su vertiente armada, para las personas desplazadas el éxodo tiene dos momentos críticos, que involucran diversos conflictos. Alfredo Molano en su libro Desterrados señaló un factor común entre todas las historias de desarraigo, el desalojo se da por razones políticas pero con fines económicos. En la historia de un desterrado, los dos momentos más críticos son la salida de los lugares de origen -y por supuesto las implicaciones que tiene en términos de desarraigo el ser un desplazado-, y la llegada a los lugares de recepción, bien sean pueblos o ciudades. Salida obligada y llegada incierta representan los momentos en que el sujeto víctima del desplazamiento se enfrenta al choque cultural, económico y social, en los cuales se evidencia la relación del desplazamiento con las otras fuentes del conflicto. Cuando la persona desplazada se ve obligada a establecerse en otra parte, surge el conflicto cultural que implica la relación con una nueva cultura, tradición y, en particular, con la cotidianidad del lugar de arribo. Posteriormente, ante el conflicto económico -que puede ser causa y consecuencia de la movilidad humana-, si usted era un campesino jugaba un rol en el sistema económico al ser desterrado, pero ese referente igualmente desaparece, su condición identitaria también cambia, pues la situación económica de un desplazado es vivir en la miseria. Sin embargo, ése no es el único conflicto económico que afecta a los desplazados. Codhes (Consultoría para los derechos Humanos y el Desplazamiento) plantea que, desde el año 2000, 385.000 familias rurales abandonaron 5.5 millones de hectáreas, y que estas tierras han pasado a otras manos, es decir, que hubo una expropiación de hecho, lo que pone de presente que para el sujeto desplazado la idea de recuperar su tierra es cada vez más lejana y ésto, sumado al conflicto social que se alimenta del conflicto cultural, genera una crisis individual y familiar, según sea el caso, además de crear un ambiente de inestabilidad tanto para los desplazados como para las poblaciones receptoras. En los últimos años, según Codhes, el número de personas en situación de desplazamiento ha ido en aumento; en el Boletín informativo No. 75 (Abril de 2009) esta organización explica que en 2008 aumentó la cifra de desplazamiento forzado en el país y establece que por cada 100.000 habitantes hay 888 desplazados en Colombia. A lo anterior se suma la desprotección del Estado en términos de la implementación de una serie de políticas que han afectado, en su mayoría, a las poblaciones campesinas; tal es el caso, según Codhes, de las implicaciones que tienen las fumigaciones áereas con glifosato a los cultivos ilícitos y anota que en 2008 se agravó el desplazamiento en las zonas donde se implementó dicha política y la erradicación manual forzada, pues 13.450 personas huyeron de estas tierras ya que sentían en peligro su vida. Tomando en cuenta estas cifras y la situación que vive un desplazado al convertirse en desterrado y desarraigado, se hace evidente que la crisis adquiere dimensiones que involucran a la totalidad de la sociedad y que el desplazamiento es generado por una grave violación de derechos humanos. No obstante, es preciso aclarar que ésta no es la única expresión del conflicto que vive el país, también lo son las condiciones de vida de los desplazados en los lugares de recepción, la extrema pobreza o la desadaptación e inclusive el no ser ya considerados como desplazados -puesto que según los indicadores nacionales luego de dos años dicha condición se pierde-, dado que han tenido que sobrevivir por sus propios medios, entonces ya no califican en la categoría de desplazados, dejándolos nuevamente a la deriva. Es preciso resaltar que por más que se hable del desarme de los paramilitares y de la inexistencia del conflicto interno, las cifras de desplazamiento muestran otra cosa. La cotidianidad de los campesinos enfrentados a una zozobra constante de ser o no víctimas de desplazamientos, masacres u otras expresiones de la guerra y las implicaciones indirectas que tiene esto para ellos, en especial, el empobrecimiento de unos frente al enriquecimiento de otros. La revista Semana en la edición del 16 de septiembre de 2009, señaló la gran desigualdad de la población en Colombia pues el coeficiente de Gini alcanza el 0.59. Esta medida es un estándar internacional que mide la desigualdad en el ingreso, donde cero equivale a una equidad perfecta y uno a una desigualdad perfecta. La cifra evidencia que en el país el conflicto social absorbe cada vez más a la población y que la política de atacar exclusivamente el conflicto armado es insuficiente frente al problema realmente existente. Esta crisis prolongada y dolorosa, en cuanto al desplazamiento concretamente, le ha dejado al país, según cifras de Codhes y el sistema SISDHES (Sistema de Información Sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, dirigido por Codhes) entre los años 1985 y 2008, 4.629.190 personas afectadas por el desplazamiento, casi el diez por ciento de la población total, y la desalentadora noticia de la tendencia al aumento de estas cifras desde el 2006. Así pues, es momento de cuestionarse cuál es el rumbo que debe tomar la política para enfrentar una situación de este calibre, que desborda los límites de un conflicto armado y sus consecuencias más inmediatas. |
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